Discurso de Rafael Ferber en Expo Prado 2026

Me toca el honor de pronunciar este discurso con el patrimonio histórico de este predio plenamente restaurado. Fue una tarea titánica para una institución como la nuestra. Se hizo posible gracias a la confianza y la paciencia de nuestros socios, al liderazgo sostenido de varias Juntas Directivas y al compromiso, la capacidad y el enorme esfuerzo de un admirable equipo de funcionarios. Ese mismo compromiso es el que hace posible, año tras año, la organización de esta muestra. Por eso, antes de entrar en los temas que hoy nos convocan, les voy a pedir un fuerte aplauso para todo el equipo de Exposiciones.

Estos galpones nos dejan una enseñanza. Preservar el patrimonio no significa inmovilizarlo. Significa conservar su esencia y cambiar aquello que debe cambiar para que continúe cumpliendo su función.

Esa misma lógica debería guiarnos también como país. El tiempo no nos permite desarrollar todas las situaciones que atraviesa nuestra agropecuaria. Preferimos compartir la visión de nuestra institución sobre algunos temas relevantes para el país.

Porque la prosperidad del agro no es un beneficio sectorial: es una condición fundamental para el desarrollo del Uruguay. Nos encontramos en un mundo donde nuestras principales fortalezas serán cada vez más valoradas: instituciones sólidas, capacidad para producir alimentos de calidad y una ubicación en una región estable y pacífica.

Uruguay tiene una oportunidad histórica para dar un salto de calidad. Lo que no nos puede pasar es desperdiciarla atrapados en diagnósticos sesgados, parciales o repetidos.

Los problemas están suficientemente estudiados. Es momento de pasar a la acción, con objetivos claros y resultados que puedan medirse. Para construir políticas de Estado, los ámbitos de diálogo deben incluir a todos los sectores políticos relevantes. De lo contrario, la línea de gobierno dependerá cada cinco años del resultado de una elección, cuando resulta cada vez más importante contar con políticas de Estado, que trasciendan la natural y siempre sana alternancia en el poder, en temas relevantes para el sector productivo nacional.

La Política Económica es un buen ejemplo de estabilidad y previsibilidad mantenidas a través de distintos gobiernos. También valoramos que desde el Ministerio de Economía se haya impulsado un Proyecto de Ley de Competitividad luego de un intercambio ágil con el sector privado. Aunque sea limitado en su alcance, marca un camino: escuchar, corregir y avanzar. Por fin estamos discutiendo competitividad.

En otros ámbitos, en cambio, las palabras “estrategia” y “diálogo” se repiten mientras la discusión vuelve siempre al mismo punto: de dónde saldrán más recursos. Uruguay ya es un país caro. Aumentar los impuestos o crear otros nuevos afecta la competitividad, desalienta la inversión y puede terminar perjudicando incluso la propia recaudación.

La salida sostenible es producir más, invertir más, exportar más y generar más empleo.

Pero eso no alcanzará si el Estado no realiza su propia reconversión. No se puede exigir eficiencia y adaptación al sector privado mientras el sector público posterga esos mismos cambios. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías permiten simplificar trámites, mejorar controles, reducir costos y utilizar mejor los recursos públicos. Esta reconversión tendrá resistencias, pero no puede postergarse. Antes de pedir más recursos, el Estado debe demostrar que está dispuesto a gestionar y mejorar los que ya tiene.

Los caminos rurales nos dan un buen ejemplo de ello. Son potestad y responsabilidad de las intendencias departamentales. La producción agropecuaria trabaja todo el año, y la infraestructura tiene que acompañar esa realidad. Si el sistema actual no funciona, habrá que implementar uno que sí lo haga. No es aceptable que cada vez que llueve haya productores que no puedan entregar el producto de su esfuerzo.

Para transformar esta oportunidad que marcábamos en crecimiento y desarrollo hay un problema que debemos enfrentar, independientemente de si estamos hoy en condiciones de encarar reformas trascendentes del Estado o no: el desequilibrio de las cuentas públicas.

Cada punto de déficit fiscal representa aproximadamente 900 millones de dólares que el Estado debe conseguir año tras año para cubrir esa diferencia. Si tomamos el déficit del Sector Público consolidado, solo en el año pasado estamos hablando de más de 3.880 millones de dólares.

Ese déficit sostiene un nivel de gasto por encima de los ingresos y genera una presión adicional sobre nuestra economía. Ahí está una de las principales explicaciones de nuestros problemas de competitividad y de la persistente apreciación de nuestra moneda frente a la de nuestros competidores.

Podemos discutir muchas medidas para mejorar la competitividad, pero mientras no ordenemos las cuentas públicas estaremos atacando las consecuencias y no una de sus causas fundamentales. Compartimos el criterio de que la competitividad no depende únicamente del tipo de cambio, sino de cuánto de nuestros costos podemos pagar con los pesos que obtenemos por cada dólar que generamos.

Con respecto al atraso cambiario, hoy manejamos estimaciones que ubican al tipo de cambio real aproximadamente un 4% por debajo de sus fundamentos. Cada peso cuenta para quien produce y exporta, y no debemos minimizarlo. Dicho esto, vale la pena poner ese número en contexto: hemos atravesado períodos de este siglo con desalineamientos cercanos al 25%. La magnitud actual, aunque real, dista de los niveles más críticos que vivimos.

También hay un cambio de fondo que reclamamos durante años y que hoy es un hecho: el Banco Central ya no usa la tasa de sus instrumentos monetarios para pilotear el tipo de cambio. Eso no resuelve el problema de competitividad, pero permite discutirlo donde realmente corresponde. Porque el tipo de cambio importa, y mucho, pero la competitividad de un exportador no depende solo del dólar. Depende, en la misma medida, de cuántos costos en pesos tiene que pagar para generar cada dólar de exportación. Ahí es donde tenemos que poner el foco.

¿Y por qué hablamos de dólares? Porque, nos guste o no, sigue siendo por enorme diferencia la principal moneda de referencia y de transacción de nuestras exportaciones. Por eso, cuando nuestros costos internos medidos en dólares aumentan más que los de nuestros competidores, Uruguay pierde competitividad, independientemente de lo que diga la cotización nominal del dólar. Pero la competitividad tampoco se construye únicamente desde la macroeconomía. También se construye puertas adentro de cada empresa y de cada sector, aumentando productividad y eficiencia. Por eso a los pesos los precisamos en la economía diaria, no como moneda de ahorro.

Cuando le exigimos eficiencia al Estado, también tenemos que estar dispuestos a mostrar qué hemos hecho nosotros. En los últimos veinte años, el peso promedio de carcasa de nuestros novillos aumentó un 20% y hoy se acerca, según INAC, a los 300 kilos. Al mismo tiempo, los novillos de dos años o menos pasaron de representar el 40% a ser hoy el 60% de la faena. Es decir: producimos más kilos y lo hacemos en menos tiempo. Esos son indicadores claros de eficiencia. Hoy el productor apuesta al futuro, a costa del presente. En lo que va del año, la faena de vacas cayó un 17% y la de vaquillonas un 7%. Esa retención nos permitirá superar de manera sostenida los tres millones de terneros. Los datos oficiales de esta semana muestran un aumento en el stock cercano al 4% y es en las categorías jóvenes. Y fíjense: para lograrlo no precisamos prohibir nada ni poner dinero del erario público. Alcanza con darle certezas al productor y permitirle obtener el mejor precio posible por su esfuerzo.

La competitividad no se define solamente dentro de nuestras fronteras. También depende de nuestra capacidad para acceder al mundo. La inserción internacional es una de las políticas de Estado más antiguas del Uruguay. En este período se están capitalizando líneas de trabajo iniciadas hace muchos años, de manera profesional y sostenida. Por eso corresponde felicitar al gobierno y felicitarnos como país.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, los avances con el Transpacífico y la solicitud de adhesión al RCEP abren oportunidades muy importantes para nuestra producción. Respecto al acuerdo con la Unión Europea, los cuatro socios deberán alcanzar una posición que contemple sus distintas realidades. Uruguay debe poder capitalizar su trabajo serio y los esfuerzos realizados durante tantos años dentro del Mercosur.

También debemos valorar a los actores privados, verdaderos embajadores itinerantes que recorren el mundo, colocan nuestros productos y conocen de primera mano las exigencias de cada mercado. Por eso es fundamental mantener la histórica línea de trabajo público-privado. Las cuotas y los acuerdos comerciales son un activo de todo el Uruguay y deben administrarse con profesionalismo y visión de largo plazo.

Abrir mercados es fundamental; poder llegar a ellos en condiciones competitivas, también. Pero los acuerdos pierden valor si después no somos capaces de sacar y recibir mercadería de manera eficiente. Mientras estamos aquí, hay un contenedor saliendo del país y otro entrando. En uno viaja el trabajo de los uruguayos. En el otro llegan medicamentos, insumos industriales y bienes de la vida cotidiana. Cuando el puerto deja de funcionar y aumentan los costos, no pierde solamente un exportador o un importador. Perdemos todos los uruguayos.

En un país como el nuestro, el puerto es el puente económico que nos conecta con el mundo. Por eso resulta inaceptable que el país permanezca rehén de un conflicto entre una empresa concesionaria y un sindicato. Pero también corresponde decir que, cuando el interés general está comprometido, el Estado debe ejercer plenamente la autoridad que la sociedad le ha confiado. Dialogar siempre es necesario. Escuchar a las partes, también. Pero gobernar implica decidir. Porque hay momentos en que postergar una decisión también es una decisión, y sus costos terminan recayendo sobre todos los uruguayos.

Por lo tanto, nos hubiera gustado que la decisión de establecer un servicio mínimo se hubiera tomado bastante antes, porque hace tiempo que resulta evidente la falta de criterio de las partes involucradas. De todas formas, entendemos que va en el camino correcto. Ahora falta comprobar si alcanza para evitar que los uruguayos sigamos siendo perjudicados de manera sistemática. Y esto adquiere todavía mayor gravedad cuando, hace apenas unos días, conocimos públicamente que ese perjuicio formaba parte de la estrategia buscada con estas medidas sindicales, y que esa forma de actuar encontraba respaldo en importantes autoridades del Ministerio de Trabajo. Parece que no se hubieran percatado de que estas medidas no perjudican solamente a la concesionaria: perjudican a todo el país.

El puerto no pertenece ni a la empresa que lo opera, ni al sindicato que trabaja en él, ni al gobierno de turno. El puerto pertenece al Uruguay.

En materia de relaciones laborales, la institución, al igual que una amplia mayoría de las cámaras empresariales, ha definido que hoy no están dadas las condiciones para negociar una reducción general de la jornada laboral. Y algunas experiencias recientes nos obligan a ser especialmente prudentes.

Si vamos al caso de la construcción, debemos señalar que se firmó una reducción progresiva de 44 a 40 horas semanales. Pero hay otro aspecto que como sociedad no deberíamos naturalizar. No puede convertirse en una práctica aceptable decretar paros por obra precisamente cuando llega el hormigón, sabiendo que esa decisión provoca pérdidas económicas enormes e irreversibles. Esto va mucho más allá de las medidas sindicales tradicionales.

Cuando se elige deliberadamente el momento de mayor perjuicio económico para aumentar la presión sobre la contraparte, estamos frente a prácticas que adquieren un carácter claramente extorsivo. Y el resultado fue un convenio alcanzado en esas condiciones, sobre el cual varias cámaras empresariales del sector dejaron expresamente planteada su disconformidad.

Cuando discutimos la reducción de la jornada laboral debemos hacerlo con mucha responsabilidad. Uruguay ya tiene experiencias para observar. Fábricas Nacionales de Cerveza fue pionera: hace más de veinte años comenzó a reducir su jornada y llegó, en parte de su proceso industrial, a seis horas diarias sin reducción salarial. Lo que en aquel momento se presentó como una victoria del sindicato del ramo, hoy contrasta con una consecuencia lamentable para los trabajadores. Aquella industria que en 2004 tenía alrededor de 500 empleados estuvo evaluando mantener apenas 100 puestos de trabajo y transformarse solamente en importadora. Por eso, antes de presentar una reducción general de la jornada como una conquista, deberíamos preguntarnos algo mucho más importante: ¿esa medida hace más sostenible el puesto de trabajo o termina haciéndolo más vulnerable? Porque la verdadera conquista para un trabajador no es solamente trabajar menos horas; es tener un empleo competitivo y sostenible en el tiempo.

En nuestro sector, además, la escasez de mano de obra ya limita la producción. En muchas zonas cuesta encontrar personal para tareas básicas como un destete precoz o el parcelamiento diario de las praderas. Antes de reducir la jornada, deberíamos modernizar normas que dificultan la contratación y la organización del trabajo, e invertir en la infraestructura necesaria para que los trabajadores puedan radicarse en centros poblados, acceder a los servicios básicos y trabajar en el medio rural. Y hay una consecuencia adicional que no podemos ignorar en una agroindustria que compite internacionalmente, si procesar en Uruguay se vuelve aún más caro, el resultado termina siendo menos industria y más exportación de materias primas. Dicho de manera sencilla: estaremos favoreciendo la venta de cebada forrajera en lugar de cerveza, la salida de leche en polvo en lugar de yogurt y obviamente, la exportación de ganado en pie en lugar de cortes cárnicos de alta calidad.

Es decir, una medida que se presenta con el objetivo de mejorar las condiciones de los trabajadores, creemos que va a provocar exactamente lo contrario: menos inversión, menos valor agregado y menos puestos de trabajo industrial.

Cuando recorremos estos galpones restaurados y levantamos la vista, descubrimos algo que desde abajo casi no se percibe. Ya no sostienen su techo los viejos tirantes de pinotea, ni las tejas son de un material que en su momento fue una solución, pero que hoy sabemos que representa un riesgo para la salud. Los galpones conservaron su esencia, pero renovaron aquello que el tiempo había demostrado que debía cambiar. Modernizar no significa abandonar responsabilidades. Significa utilizar las herramientas adecuadas para enfrentar una realidad que cambió.

Lo mismo ocurre con uno de los mayores desafíos sanitarios que enfrenta hoy nuestra ganadería. Sería injusto no reconocer el compromiso que el Ministerio de Ganadería y el ministro han demostrado frente a la garrapata. Sabemos del esfuerzo dedicado a un desafío complejo.

Pero también debemos decir, con la misma honestidad, que, transcurrido ya un año y medio de gestión, todavía no se percibe una estrategia sanitaria capaz de generar la confianza y la adhesión necesarias. En las zonas más comprometidas, las herramientas de una normativa concebida para otro escenario se vuelven obsoletas frente a un problema mucho más complejo. Mientras eso no ocurra, seguiremos enfrentando pérdidas de animales por enfermedades transmitidas por la garrapata y una creciente preocupación por la aparición de residuos en carne, que ponen en riesgo uno de los principales activos del Uruguay: su prestigio sanitario, sobre el que se construye la confianza de nuestros mercados.

Las sanciones aplicadas a productores son una herramienta básica para encausar un problema de esta magnitud. Pero estas deben dar todas las garantías a las partes y una proporcionalidad acorde al hecho sancionado. Las soluciones duraderas para estos desafíos vendrán de la mano de la ciencia. Debemos brindar a nuestros investigadores y a las instituciones involucradas los recursos necesarios para desarrollar las líneas de investigación que consideren más prometedoras. También debemos proteger a la ciencia de expectativas desmedidas. La investigación necesita tiempo, continuidad y rigor para ofrecer respuestas de fondo. Y mientras la ciencia desarrolla las herramientas del mañana, el Estado debe aplicar plenamente las que ya tiene hoy.

En Uruguay no hay vacunos sin dueño. Los animales que permanecen en caminos y vías tienen propietarios y, muchas veces, detrás hay personas que no encontraron una alternativa productiva mejor. Pero eso no justifica que la respuesta sea la indiferencia. El Estado debe impedir que los caminos sigan siendo refugio de rodeos que comprometen la sanidad del Uruguay. La sanidad debe ser una responsabilidad compartida y una obligación exigida a todos por igual.

Esa misma combinación de responsabilidad, conocimiento científico y decisiones oportunas es necesaria en otro asunto estratégico: el manejo del agua. Respecto al abastecimiento de agua potable para Montevideo y el área metropolitana, agradecemos al Poder Ejecutivo y al Presidente de OSE la disposición para mantener un intercambio profundo con nuestra institución. Garantizar a la población agua potable en cantidad y calidad debe ser una prioridad nacional indiscutible. Uruguay necesita consolidar una verdadera política de Estado sobre el agua.

Una política que garantice el consumo humano, proteja las cuencas y, al mismo tiempo, transforme nuestra disponibilidad hídrica en más producción, más estabilidad y más empleo. Por su costo, el riego no puede seguir siendo una posibilidad al alcance de pocos: debe convertirse en una herramienta permanente de desarrollo nacional. Tuvimos en esta exposición una conferencia donde pudimos constatar el fuerte apoyo del Presidente Orsi al riego y se anunciaron mejoras sustanciales en materia energética.

Precisamente por eso, nos preocupa que la respuesta de OSE para el agua potable de Montevideo se concentre casi exclusivamente en la represa de Casupá, una decisión que condiciona la gestión de toda la cuenca del Santa Lucía. Esto entra en contradicción con las estrategias de desarrollo agropecuario que impulsa el propio gobierno. La incertidumbre sobre el uso futuro del agua ya afecta la inversión y la planificación productiva en toda la cuenca. Por eso hemos propuesto evaluar con urgencia una fuente alternativa para el sistema metropolitano: complementar la cuenca del Santa Lucía con un sistema de bombeo desde Juan Lacaze que permita llevar agua del Río de la Plata hasta Aguas Corrientes.

Una fuente adicional permitirá garantizar el agua para consumo humano sin impedir que una de las principales regiones productivas continúe desarrollándose.

Hay otro aspecto que no podemos dejar pasar. Los productores observamos una notoria diferencia entre los criterios con que el Ministerio de Ambiente evalúa las actividades privadas y las obras impulsadas por el propio Estado. Al sector productivo se le piden estudios, autorizaciones y garantías cada vez más estrictas. A un privado se le exige contar con las habilitaciones correspondientes antes de iniciar una obra de importancia. Sin embargo, cuando el Estado impulsa una obra de enorme impacto territorial, ambiental y productivo, esos criterios parecen relativizarse.

Si el gobierno entiende que el interés público lo justifica, debe fundamentarlo técnicamente y asumir sus consecuencias. Lo inaceptable es aplicar una vara al sector privado y otra al propio Estado. El sector productivo asume sus responsabilidades ambientales y puede mostrar con orgullo su trayectoria.

Sabemos que la sostenibilidad, además de una obligación, es uno de los atributos que distinguen a Uruguay en los mercados. Por eso exigimos reglas fundamentadas en la ciencia, previsibles y aplicadas con el mismo rigor a todos.

Cuando hablamos de ambiente, marcamos algo evidente. Los productores somos de los primeros en sufrir las consecuencias de eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes. El cambio climático no es para nosotros una discusión teórica: lo vivimos directamente. Lo que cuestionamos es otra cosa.

Durante años, parte del debate ambiental internacional ha tendido a poner a la producción agropecuaria (es decir, a la producción de alimentos) en el centro del problema. Todos debemos hacer nuestra parte, y el agro también. Lo que no aceptamos es que se pretenda colocar a la producción de alimentos en el centro de un problema, cuando las causas principales provienen de otros sectores.

Unos 1.400 aviones cruzan por día solo el Atlántico Norte. Según mediciones satelitales, el basurero de Buenos Aires emite tanto metano como aproximadamente un tercio del rodeo vacuno uruguayo. Y eso sin considerar lo que captan nuestros pastizales y los granos que consume nuestra ganadería.

Y allí debemos tener mucho cuidado. Porque no toda medida presentada como ambiental es necesariamente mejor para el ambiente, y mucho menos si para producir la misma cantidad de alimentos necesitamos más tierra, más recursos o mayores costos. Un ejemplo es claro: la producción certificada como orgánica puede tener una menor huella por hectárea y, sin embargo, una mayor huella por tonelada de alimento producida, simplemente porque produce menos. Mientras tanto, el mundo sigue teniendo cientos de millones de personas con hambre, en niveles superiores a los de 2015.

Por eso creemos que el camino no es producir menos ni renunciar a la tecnología. El camino es producir más y mejor, utilizando la ciencia, la siembra directa, la genética y todas las herramientas que permitan obtener más alimentos con menos recursos y menor impacto ambiental.

También el piso de estos galpones fue adaptado a las necesidades actuales. A comienzos del siglo pasado, las exposiciones ganaderas podían ser mucho más extensas. Hoy se realizan en apenas diez días. Cambió la realidad y, con ella, debieron cambiar las instalaciones.

En materia de políticas públicas, tan importante como definir los objetivos es revisar si las herramientas siguen siendo adecuadas. Lo mismo debería ocurrir con el Instituto Nacional de Colonización. La ley que le dio origen fue útil para el Uruguay de 1948 y contribuyó al desarrollo del medio rural. Hoy, sin embargo, condiciona al Instituto y no responde adecuadamente a problemas como los minifundios improductivos o la administración ágil de las tierras que ya posee.

Si el objetivo es incorporar productores mediante el arrendamiento, existen mecanismos más eficientes que inmovilizar recursos públicos en la compra de tierras. Los recursos públicos son escasos y gobernar es establecer prioridades. Cuando Uruguay todavía enfrenta enormes desafíos en pobreza infantil, educación, salud y seguridad, debemos preguntarnos si destinar cada vez más fondos a comprar tierras es la mejor forma de servir al interés general.

Necesitamos una legislación más flexible, capaz de aprovechar instalaciones disponibles que se van abandonando en lechería y de dar respuesta a productores como los granjeros que requieren pocas hectáreas para crecer. No tiene sentido fragmentar unidades eficientes o construir nueva infraestructura mientras otra permanece inutilizada. En este tema hay dos posiciones extremas. Por un lado, quienes proponen seguir comprando tierras como si nada hubiera cambiado, pese a los problemas de gestión y a las demás prioridades del país. Por otro, quienes plantean adjudicar la propiedad a los actuales colonos y cerrar definitivamente la institución. Creemos que es hora de buscar un camino entre esas dos posiciones que saque a esta herramienta del constante cuestionamiento en el que se encuentra hoy.

Ha llegado la hora de redefinir el rol del Instituto Nacional de Colonización y actualizar su legislación. Entre la inmovilidad y la demolición existe un camino mejor: reformarlo para que vuelva a ser útil al país. Para lograrlo debemos dejar de lado consignas más propias de una tribuna que de una política de Estado. El tema merece un debate serio, basado en evidencia, orientado a resultados y pensado para los próximos cincuenta años, no para el próximo titular. No se trata de abandonar su propósito, sino de actualizar sus herramientas.

Porque las instituciones que no evolucionan con el país terminan dejando de servir al país.

Para terminar, me voy a permitir una última referencia a estos galpones, esta vez desde una perspectiva personal. Mis primeros recuerdos en este predio son inmediatamente posteriores a la crisis de la tablita, en 1982. Tenía seis años y, como hijo de un directivo, ya sentía una conexión con este lugar y con estos galpones que me ha acompañado durante toda la vida. Pensaba que estas tejas siempre habían sido grises. Solamente cuando comenzamos la restauración, vi que debajo de aquel gris acumulado por el tiempo, había colores y un diseño como el que podemos ver hoy. Algo parecido nos ha ocurrido muchas veces como país. Nos acostumbramos a mirarnos como un Uruguay gris, pequeño, limitado y condenado a administrar sus problemas. Los colores siempre estuvieron ahí. Lo que faltaba era retirar aquello que los ocultaba.

Muchas veces seguimos tomando decisiones como si estuviéramos condenados a elegir entre administrar el estancamiento o esperar soluciones desde afuera.

También pensamos durante mucho tiempo que la restauración de estos galpones dependería de alguien más. Solo cuando asumimos que debíamos hacerla nosotros, encontramos el camino. Esa enseñanza vale también para el Uruguay.

Nuestro país tiene las instituciones, la capacidad productiva y la gente necesaria para avanzar. Pero ninguna oportunidad se transforma por sí sola en desarrollo. Necesitamos decisiones, responsabilidad y el coraje de cambiar aquello que ya no funciona. Porque los problemas que son de nosotros, solamente podremos resolverlos nosotros mismos.