La compra de la estancia María Dolores instaló nuevamente el debate sobre el sistema de funcionamiento del Instituto Nacional de Colonización. Debo reconocer que me hace mucho ruido el término “colonización” en 2026. Del Reglamento General de Tierras de Artigas han pasado más de dos siglos y la necesidad de afincar gente en el campo parece haber sido superada por los hechos, el tránsito natural es mucho más denso hacia las grandes ciudades que hacia la vida rural. Es una realidad a nivel mundial.
Para muchos, el INC es aún una herramienta indispensable para lograr una “racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación” afincando así familias en el campo, mientras para otros, -me incluyo en este último grupo-, se trata de un sistema bien intencionado pero muy politizado e ineficiente que beneficia a unos pocos, asignando el usufructo de tierras, muchas veces de forma, cuando menos, polémica.
En números redondos, se destinan 400 mil hectáreas valuadas en 1600 millones de dólares para uso de 3000 colonos arrendatarios. El alquiler tiene un subsidio de al menos el 50% del valor de mercado, por lo que, además del costo de mantener la estructura administrativa del INC, la asistencia a estos productores ronda los 20 millones de dólares anuales, siempre y cuando no existan extremos climáticos y se deba reforzar la asistencia.
Este resumen grueso de números no pretende establecer si está bien o está mal este gasto o inversión, pero debemos recordar que habitamos un país con casi 200 mil personas viviendo en condiciones paupérrimas -incumpliendo el Artículo 45 de la Constitucional Nacional que establece el derecho a una vivienda digna- mientras se invierten millones en activos amparados en la ley de creación del INC 11.029 del año 1948 que declara de “Interés general” la subdivisión racional de la tierra. Parece lógico y necesario evaluar los resultados y la pertinencia de una iniciativa aprobada hace ya casi 80 años en condiciones muy diferentes a las actuales.
El sistema de adjudicación utilizado no parece haber derivado, en general, en predios viables –me consta que hay muchos rentables y muy bien trabajados-, pero esto es difícil de comprobar, ya que el INC no cuenta con registros productivos que defiendan la metodología de distribución. Sin métricas, es imposible demostrar si el subsidio está financiando un polo de desarrollo familiar eficiente o si simplemente está sosteniendo un modelo asistencialista costoso.
El sistema de compra de campos y distribución tradicional del INC, limita el área a ser arrendada a cada colono. No es viable entregar parcelas más grandes porque los fondos no serían suficientes más que para unos pocos. Entonces, se entregan fracciones chicas, de las cuales, aunque se alcance una rentabilidad aceptable por hectárea, el monto final acumulado no permite el necesario desarrollo familiar.
En definitiva, discrepo con en el tipo y la intensidad del incentivo, pero comparto la importancia de que jóvenes, preparados y con espíritu emprendedor, cuenten con un empujón importante para poder acceder a trabajar la tierra. Se trata del negocio tradicional de nuestro país y es importante incentivar a quien quiera dedicarse al mismo, pero el objetivo debe ser lograr un empresario agropecuario solvente que pueda lograr, con su esfuerzo, un desarrollo personal y familiar en el mediano plazo.
En primer lugar, debemos determinar quién debería beneficiarse de estas políticas, y sin dudas le daría prioridad -no la exclusividad- a la juventud. La fuerza es otra y el tiempo es un activo para ellos. Pero no alcanza con ser joven para que la sociedad te ayude a iniciar tu camino. El interesado debe contar con los conocimientos necesarios a nivel de producción y gestión. Conocimientos acreditados, cursos aprobados en el IPA o similares. Capacitación real, incluidas pasantías. Debe estar preparado para la tarea. De más está decir que la decisión final de apoyo debe ser 100% técnica, ágil y objetiva. Las condiciones deben ser claras y conocidas.
En segundo lugar, la ayuda debe ser a término. No es lógico que la sociedad acompañe de por vida un proyecto que debería ser económicamente viable. Se pueden crear instrumentos para facilitar, garantías estilo SIGA y acompañar esto con un crédito blando y de muy largo plazo para inversiones y capital de trabajo, además del apoyo técnico necesario. Se puede llegar a analizar incluir algún tipo de subsidio inicial del alquiler, pero el proyecto debe ser económicamente sostenible.
En tercer y último lugar, el interesado deberá buscar su mejor opción de inversión en el mercado, eligiendo libremente el campo para el negocio que pretende llevar adelante y negociando las condiciones que entienda pertinentes. De más está decir que debe ser libre de vivir donde entienda conveniente. Afincar familias en predios rurales ya no parece un objetivo necesario, que vivan de trabajar esa tierra, si lo es.
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Conrado Ferber Artagaveytia
Ex Presidente de INAC
