La agricultura uruguaya vivió nuevamente la zozobra de la sequía con una cobertura de seguros de rendimiento que sigue limitada en relación al área sembrada. Si bien es un instrumento que ganó fuerza en los últimos años, está lejos todavía de ser una red de mínima seguridad para el sector.
Para el ciclo 2025/2026 el Banco de Seguros del Estado (BSE) tenía la capacidad para asegurar hasta 300.000 hectáreas de cultivos de verano –principalmente soja–, pero terminó vendiendo coberturas por alrededor de 200.000 hectáreas.
Sumando a las compañías privadas, se podría estimar un total de seguro de rendimiento por algo más de 250.000 hectáreas, frente a una superficie de soja estimada para 2025/2026 del orden de 1,25 millones de hectáreas.
Las proyecciones de una Niña corta y débil que no afectaría las fases críticas de la soja pudieron influir en la menor disposición de los productores de asegurar rendimiento en un contexto de precios y márgenes ajustados.
El grueso de los productores todavía considera al seguro de rendimiento como caro y con una cobertura relativamente limitada. Se señala que solamente algunas empresas grandes tienen como política asegurar rendimiento.
A esto se suma los productores que se financian con algunos exportadores o vendedores de insumos que exigen un seguro de rendimiento para prestar capital.
Desde la administración anterior se hicieron esfuerzos para impulsar los seguros, como por ejemplo coberturas subsidiadas para un conjunto de productores que entregan información histórica sobre rendimientos y otras variables. El objetivo de estas medidas era conseguir más información para que las compañías aseguradoras pudieran negociar mejores condiciones con las reaseguradoras.
En su momento, el extitular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos, habló sobre posibles incentivos fiscales o de otro tipo para los seguros agrícolas, pero en una agenda que fue perdiendo fuerza. En la actual administración se retomó el tema de seguros con gestiones ante organismos internacionales para lograr financiamiento que permitan apalancar los contratos de las empresas locales con las reaseguradoras.
Deuda y cumplimiento
Otra variable para evaluar la condición de la agricultura ante una zafra complicada es el nivel de endeudamiento y de cumplimiento de las obligaciones.
Se puede analizar los datos desagregados por sectores del Banco Central del Uruguay (BCU), aunque un monto relevante del financiamiento se da a través de empresas exportadoras y vendedores de insumos.
En 2025 el stock promedio mensual de créditos bancarios al subsector de producción de soja fue de US$ 167 millones, casi sin cambios respecto a los US$ 164 millones del año anterior. El porcentaje de créditos vencidos sobre el total promedió 4,5% frente al 5,3% de 2024. De acuerdo a los datos desagregados por sectores del BCU, en 2023 la participación de los créditos vencidos fue variable.
En 2022/2023 se dio la sequía que derrumbó la producción de soja. En la primera mitad de 2023 las colocaciones vencidas representaron apenas el 0,2% del total trepando a casi 5% en la segunda mitad del año.
En los registros del Banco Central del Uruguay no hay un subsector exclusivo de producción agrícola, pero sí uno de establecimientos mixtos (agricultura y ganadería).
En 2025 el stock promedio mensual de créditos a las explotaciones agrícolas ganaderas fue de US$ 781 millones frente a los US$ 754 millones del año anterior. Y el porcentaje de créditos vencidos fue de 1,1% frente al 1% de 2024.
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