La FAO, a través de su sistema FAOSTAT, publica estadísticas globales sobre recursos naturales vinculados a la agricultura y la alimentación. Estos datos abarcan más de 245 países desde 1961 hasta la actualidad.
De acuerdo al último informe (el próximo será en 2030) el 32% de la superficie de la tierra está ocupada por montes, algo más de 4 mil millones de hectáreas. De eso, en este momento, se pierden a razón de 10 millones por año, cuando hasta principios de siglo se desforestaban en promedio 16 millones por año.
De acuerdo al mismo informe, actualmente la mayor parte del área anualmente desforestada corresponde a América (vale recordar que todo lo que había para desforestar en Europa ya fue hecho en el pasado). El consumo anual se estima en 4 mil millones de metros cúbicos y de eso, el 50% aún se utiliza como leña y combustible, el 20% como papel y celulosa y un 30% en materiales duraderos, contribuyendo esto último a capturar carbono.
En Uruguay, con el impulso de la ley 15939 de diciembre de 1987, se reconoce un antes y un después en el negocio forestal. Esa ley fue votada por unanimidad, se transformó en política de Estado, y más allá de alguna duda, (el Frente Amplio no votó el tratado de protección de inversiones con Finlandia y apoyó la ley presentada por Cabildo Abierto limitando las tierras destinadas a Forestación) en los hechos, permitió la instalación de las tres plantas de celulosa durante el tiempo que gobernó de 2005 a 2020.
En 1990, la superficie de montes comerciales era de 350 mil hectáreas y el natural o indígena era de 850 mil hectáreas. En 2024, siempre en base a datos de Cartografía Forestal Nacional de la Dirección Forestal del MGAP, los montes naturales se han mantenido (único caso en América del Sur junto con Chile) y los comerciales suman algo más de un millón ciento sesenta mil hectáreas, el 6.6% del territorio nacional.
De acuerdo a un estudio de la consultora Ceres presentado por el Ec. Ignacio Munyo en agosto de 2024, los aportes impositivos de las dos fases de la cadena celulósica son los más altos, en relación al área utilizada, seguidos por la lechería. Del mismo estudio se desprende que los aportes de la forestación con destino a aserrío, considerando los altos aportes en fase industrial y transporte, compensan las exoneraciones impositivas en la fase primaria. Por último, el economista señala que la forestación con destino celulosa y la ganadería son las actividades primarias que deben destinar una mayor proporción de su ingreso al pago de impuestos.
De acuerdo a los cotizantes al BPS, el Boletín Estadístico Forestal 2025 del MGAP señala que hay algo más de 18 mil personas trabajando directamente en la cadena forestal (Viveros, siembra, cosecha y fase industrial). Esa mano de obra, junto a los transportistas que no están incluidos en la cuenta, gozan en la mayoría de los casos de condiciones de trabajo por encima de la media y generan además miles de oportunidades laborales de forma indirecta.
Sin dudas el complejo forestal es un gran ejemplo, seguramente el mejor, de lo que políticas de estado, bien diseñadas y respetadas, pueden lograr en el desarrollo de un sector productivo.
