No es antagónico producir y cuidar los recursos

Desde hace años se viene posponiendo una solución estructural al abastecimiento de agua de Montevideo y el área metropolitana. La primera solución que se puso arriba de la mesa fue la represa de Casupá, pero a la hora de priorizar la obra pública el gobierno de la época optó por posponer la inversión.

Durante la administración del Dr. Lacalle, se optó por tomar agua del Río de la Plata a la altura de Arazatí en San José. Las razones más utilizadas a la hora de este cambio en la estrategia del ente estatal OSE, fueron el casi inagotable caudal del estuario y la no dependencia de una sola cuenca; un accidente con químicos en el Río Santa Lucía comprometería el 100% del agua potable. Entre las debilidades, la zona elegida para la toma no parece ser la más adecuada o por lo menos no generó consenso.

Por último, la actual administración optó por descartar el proyecto Arazatí para volver a la solución inicial de Casupá, generándose un debate de alto contenido político, poca intervención técnica y aún menos sentido común. Esta opción tampoco genera consensos ya que implica inundar varios miles de hectáreas productivas, destruir monte nativo y desarraigar mucha gente de su tierra y de su medio de vida.

Hace pocos días atrás, en un evento organizado por ADM con la presencia de cuatro cámaras empresariales, el presidente de la ARU desplazó el eje del debate: no se trata solo de elegir entre Casupá o Arazatí, sino de reconocer que cualquier decisión implica costos productivos, ambientales y sociales.

En su presentación, la ARU empezó por valorar el impacto productivo de la cuenca del Santa Lucía. De los datos presentados, se desprende que allí se genera el 28% del PIB del sector agropecuario, 1.500 millones de dólares.

En paralelo, al determinar que el 100% del abastecimiento de agua se va a concentrar en una sola cuenca, el cuidado de la misma pasa a ser primordial. Y es ahí donde se origina el cortocircuito entre producir, generar riqueza, recaudar impuestos, invertir en políticas sociales y al mismo tiempo depender de la cuenca del Santa Lucía.

En su presentación, Rafael Ferber enumeró algunos de los puntos que más limitarían la producción de acuerdo con las restricciones que plantea el “Plan de Acción del Proyecto Casupá”. Entre las once medidas principales y las cinco complementarias que señala dicha comisión, destacó tres: limitar el uso de nutrientes y plaguicidas; suspender la instalación de nuevos emprendimientos de engorde de ganado a corral u otras prácticas de encierro permanente de ganado en corral (tambos estabulados) a cielo abierto, así como la ampliación de los existentes; e instaurar una zona de amortiguación o buffer sin laboreo de la tierra y uso de agroquímicos en una franja de 40 metros a ambas márgenes de los cursos principales (río Santa Lucía y río San José), 20 metros en los afluentes de primer orden y 100 metros en torno a los embalses.

Por otro lado, otro grupo, la Comisión de la Cuenca del Río Santa Lucía, un ámbito tripartito en el que participa la ARU, entiende que deberían ser atacados los siguientes problemas: el cambio del uso del suelo de los campos de pastoreo a agricultura de verano y el alto uso de agroquímicos; las plantaciones de soja en las planicies de inundación; la actual clasificación de uso de suelos para forestación y las plantaciones forestales en la cuenca alta; los corrales de engorde bovinos, los criaderos de cerdos y los criaderos de pollos. En resumen, todo lo productivo.

Para la ARU, estas restricciones impactarán como mínimo en un 10% de la productividad actual de la cuenca, sin considerar las limitaciones al crecimiento futuro. Esos 150 millones de dólares por año justifican plenamente la inversión que se requiera para instalar la toma en Juan Lacaze para traer el 100% del agua necesaria para el abastecimiento.

Por último, la ARU sostiene que la calidad del agua depende del proceso de potabilización y en ese sentido, el expresidente de OSE, Raúl Montero, tras un debate sobre “la calidad del agua y la situación actual” explicó que el nivel de trihalometanos depende de la cantidad de materia orgánica que tiene el agua a ser potabilizada, señalando que la del Santa Lucía tiene de 3 a 4 veces más materia orgánica que la del Río de la Plata.

Sin dudas, es una mirada diferente ante un problema sobre el cual, a la hora de tomar decisiones, se deben conocer todas las implicancias. El presidente de la ARU terminó su presentación señalando: “No es antagónico producir y cuidar los recursos”.