Hay plagas que llegan de golpe y se ven. Y hay plagas que se instalan en silencio, se reproducen despacio al principio y cuando el ciudadano común las nota, ya llevan años entre nosotros. El picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus) es de las segundas. Y eso, combinado con la inacción del Estado, es lo que hace que hoy estemos donde estamos.
Estimamos que el picudo rojo entró al Uruguay entre los años 2016 y 2018. La primera detección oficial llegó recién en el 2021. Entre medio, varios años de silencio. No porque no estuviera. Sino porque su dinámica de reproducción es exponencial: en los primeros años la población es baja, los síntomas son escasos y el ciudadano que veía una palmera enferma la atribuía a causas climáticas, a descuido, o en el mejor de los casos al picudo negro nativo (Rhynchophorus palmarum), una especie que siempre estuvo entre nosotros y con quien se lo confundió durante años. Cuando la población del invasor llega a cierta masa crítica, el daño se vuelve visible y repentino. Para entonces, ya es tarde para prevenir. Solo queda contener.
Eso fue exactamente lo que pasó en Uruguay.
Llevamos más de cuatro años estudiando esta plaga de forma sistemática, con más de 7.000 horas de trabajo invertidas entre monitoreo, tratamientos, ensayos y capacitación. Lo que vemos no es alentador. Y lo que no vemos del lado del Estado, menos todavía.
El error de subestimar
Cuando el picudo rojo fue detectado oficialmente, las voces más escuchadas decían que no era para tanto. Que atacaba principalmente palmeras ornamentales exóticas. Que las nativas estaban a salvo. Que era un problema de parques y veredas, no de ecosistemas.
Hoy, Montevideo es la mejor refutación de esos argumentos. La mortalidad de Butia odorata nativas en la ciudad supera el 50% en muchas zonas. Las mismas palmeras que los uruguayos daban por garantizadas, que crecieron durante décadas e incluso siglos en plazas, ramblas y veredas, están muriendo. No por descuido. Por una plaga que llegó, se instaló y avanzó mientras el debate oficial seguía girando en torno a si había que preocuparse o no.
El picudo rojo no distingue entre palmera exótica y palmera nativa. Ataca Phoenix canariensis, ataca Washingtonia, ataca a la Pindó y ataca a la Butiá. Quien diga lo contrario, que venga a Montevideo a contar las muertas.
Lo que está en juego
Uruguay tiene palmares nativos que son parte de su identidad paisajística y su patrimonio natural. El palmar de Butia odorata de Rocha, cerca de Castillos, es uno de los más extensos y emblemáticos de la región, un ecosistema único que convive con esteros, bañados y fauna silvestre característica. Hay palmares nativos en Soriano, en Paysandú, en Rivera, en Tacuarembó. Comunidades vegetales que no se replantaron ni se diseñaron, que están ahí desde antes que existiera el Uruguay como país y que le dan sustento a una cadena ecológica que incluye aves, mamíferos e insectos nativos que dependen de ellas.
Si el picudo rojo llega a esos palmares con la fuerza con que llegó a las ciudades, el daño será irreversible. Las palmeras no cicatrizan, no se regeneran una vez que el insecto destruye el meristemo apical. Una palmera atacada que no fue tratada a tiempo, es una palmera muerta. Y un palmar diezmado no se recupera en años, se recupera en décadas, si es que se recupera.
La responsabilidad que nadie asumió
El error más costoso no fue no haber detectado al picudo antes, aunque eso también importa. El error más costoso fue lo que se hizo después de detectarlo.
Se delegó la gestión de la plaga a los municipios y a los particulares, sin establecer un Plan de Manejo Nacional con responsabilidades claras del Estado, sin protocolos unificados, sin subsidios para tratamientos o para el retiro de ejemplares muertos y sin ningún mecanismo de coordinación entre departamentos. El costo de los tratamientos, que deben repetirse varias veces al año durante años, cayó íntegramente en el bolsillo del ciudadano. El costo del retiro de las palmeras muertas, también. Los municipios hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían, que en general fueron pocos y tardíos.
El resultado es lo que vemos: ciudades como San José, Canelones y Montevideo con cientos de palmeras muertas en pie todavía en plena vía pública, meses e incluso años después de que deberían haber sido retiradas. Ciudadanos que no saben si su palmera tiene o no la plaga. Propietarios que trataron una vez y no volvieron a tratar porque nadie les explicó que esto no es un tratamiento único sino un programa de protección de largo plazo.
Lo que se puede hacer y no se está haciendo
Desde Equitec hemos capacitado a más de 50 agrónomos y técnicos en todo el país. Hoy hay profesionales formados en detección y manejo del picudo trabajando desde Maldonado hasta Colonia, desde Salto hasta Tacuarembó, en Flores y en Durazno. No porque el Estado lo organizara. Porque un puñado de personas entendió que alguien tenía que hacerlo.
Desarrollamos e implementamos una metodología de monitoreo basada en sensores sísmicos, que detectan la actividad larval dentro del tejido de la palmera antes de que los síntomas externos sean visibles. Es detección temprana real, no visual, no subjetiva. Hemos podido además combinar esa detección con tratamientos y verificar la reducción de actividad larval tras cada ciclo de tratamiento. Es una metodología que, hasta donde sabemos, no había sido documentada antes en el mundo de esta forma.
Esa tecnología no ha sido adoptada para la gestión pública de la plaga. No ha sido evaluada rigurosamente por ningún organismo del Estado. No ha sido consultada. No ha sido convocada. Existe, funciona, está disponible y está siendo ignorada.
No lo digo desde el resentimiento. Lo digo porque es un dato que define perfectamente el estado de situación: tenemos una plaga que avanza, tenemos herramientas para detectarla y tratarla con evidencia, y la institucionalidad que debería coordinar la respuesta nacional no ha considerado relevante ni siquiera evaluar esas herramientas.
La pregunta que hay que hacerse
Cuando la aftosa golpeó al Uruguay, el Estado reaccionó con una campaña masiva, coordinada, con recursos y con mensaje claro. El sector respondió porque entendió las consecuencias. Se puede decir que la campaña funcionó porque hubo voluntad política real de hacerla funcionar.
El picudo rojo no mata vacas. No cierra mercados de exportación de carne. No aparece en los titulares de los diarios económicos. Mata palmeras. Mata paisaje. Mata patrimonio natural y bienestar del ciudadano. Y eso, en la escala de prioridades del Estado uruguayo, parece no alcanzar para mover el amperímetro.
La pregunta que me hago, después de cuatro años, siete mil horas y más de cincuenta técnicos capacitados a pulmón, es simple: ¿cuántas palmeras nativas tienen que morir antes de que alguien decida que esto merece un plan?
Gerardo Grinvald
Director de Equitec Tecnologías de Control
